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La situación, provocada por el mal funcionamiento del ICIB, podría afectar a más de la mitad de las películas, documentales, series y cortometrajes producidos en los últimos cuatro años

La Asociación de Productoras Audiovisuales de las Islas Baleares (APAIB) ha registrado hoy un informe para el consejero de Cultura, Jaume Bauzà, que explica la crisis generada por el Instituto de Industrias Culturales de las Islas Baleares (ICIB), que en las últimas semanas está revocando subvenciones o haciendo graves minoraciones a obras producidas en los últimos cuatro años, sin enviar ningún requerimiento de subsanación previo orientado a buscar una solución favorable, como obliga la ley.

Entre otras cosas, el ICIB no ha aceptado parte de los gastos justificados correctamente, ha ignorado las modificaciones de la ley que incrementan la posibilidad de acumular ayudas públicas, y ha rechazado cuentas justificativas simplificadas, previstas por sus propias bases.

La situación podría afectar a más de la mitad de las producciones que han contado con financiación del ICIB, lo que supone el 70% del volumen económico total de los proyectos, tanto en su fase de producción como en la de proyección exterior. Se verán perjudicadas, al menos, 16 productoras y 42 películas, documentales, series y cortometrajes acabados y estrenados, muchos de ellos premiados nacional e internacionalmente, con un presupuesto total de diez millones de euros, y unas subvenciones del ICIB de unos 2,3 millones.

Las consecuencias provocarán un importante agravio económico para todas las productoras e incluso cierres, con el perjuicio que esto supondrá para sus trabajadores y colaboradores. Según el presidente de APAIB, Kiko Domínguez, “este es el resultado de la mala gestión del ICIB y de la falta de diálogo con las productoras, que han generado indefensión e inseguridad jurídica”.

Se trata de subvenciones otorgadas por el ICIB para la producción de obras audiovisuales y también para su proyección exterior, similares a las que existen al resto de comunidades autónomas y también al ámbito estatal. A pesar de esto, “en ningún otro lugar del Estado está sucediendo lo que pasa en Baleares”.

Una de las causas que más se repite para las revocaciones es la no aceptación de los gastos vinculados. Estos gastos son los sueldos de los trabajadores de la productora que, además, son socios mayoritarios de esta, o que tienen algún vínculo familiar o personal. Se trata de una situación muy común en las empresas de Baleares, donde los directores, guionistas o productores crean una productora para llevar a cabo sus proyectos. Las convocatorias del ICIB permiten estos gastos con autorización previa, pero la institución no ha emitido en ningún momento un documento de aceptación, a ninguna productora, más allá de la misma concesión de la subvención, ni tampoco un documento de denegación.

“Entendemos que en la misma resolución de concesión ya se están aceptando estos gastos vinculados, puesto que se acepta todo el presupuesto planteado por la productora, y más aún en el momento de la justificación”, explican los responsables de APAIB. “Por otro lado, en numerosas ocasiones la coordinadora del área audiovisual del ICIB ha explicado que esta autorización se hacía en el mismo momento de la justificación de la subvención, hecho que ahora niegan, vulnerando el principio de confianza legítima”.

Se da la circunstancia, además, de que ICIB ha hecho el pago de anticipos a estas producciones conociendo la existencia de gastos vinculados, e incluso en uno de los casos ha pagado la subvención íntegramente. Según el presidente de APAIB, “la concesión de la subvención y el pago de anticipos suponen una aceptación del gasto vinculado, y según el Derecho, la Administración no puede ir contra sus propios actos”.

Otro caso de minoraciones o revocaciones se produce porque las productoras superan el límite que establece la ley para la acumulación de ayudas públicas a la convocatoria de 2019-2020. Sin embargo, la ley cambió en 2020, ampliando los límites antes de que se finalizaran las películas subvencionadas, “hecho que parece no conocer el ICIB”.

En otro de los casos, se revoca de manera total una subvención porque la productora ha presentado una cuenta justificativa simplificada, hecho que permiten claramente las bases de la convocatoria.

“Todo esto se produce sin que el ICIB haya hecho ningún requerimiento de subsanación a las productoras, para aclarar o aportar documentación adicional, cuando la ley determina esta fase de enmiendas como obligatoria”, explica Kiko Domínguez. Ni siquiera se han reunido con las asociaciones del sector audiovisual que, en las últimas semanas, han pedido reiteradamente una reunión para aclarar la situación.

Otra de las consecuencias es que un gran número de las producciones que se tendrían que haber empezado este año, se encuentran paradas por la falta de seguridad jurídica, ya que el ICIB no ha aclarado si acepta o no sus gastos vinculados.

Este es el último episodio de un cúmulo de desencuentros entre las industrias culturales y el ICIB. En numerosas ocasiones durante los últimos años todas las asociaciones del sector, incluidas las de artes escénicas, música, artes visuales y editores, han pedido mejoras que nunca se han producido. APAIB considera que la falta de personal ha sido una de las causas de la mala gestión del ICIB, y que ahora quieren hacer recaer en las productoras las consecuencias económicas de los errores cometidos por la institución.

APAIB reclama la destitución de la directora gerente del ICIB, Cristina Llambías, y de la responsable del área Audiovisual, Maria Hevia, a las que responsabiliza de esta situación. Así mismo, confía en la llegada a la consellería de Jaume Bauzà para solucionar esta situación, depurar responsabilidades y poner cordura y orden en una institución que se creó para desarrollar el sector de las industrias culturales y que, paradójicamente, puede acabar con su destrucción.